La postura de Rixi Moncada de no aceptar una CICIH sin condiciones genera un fuerte rechazo popular, convencido de que el oficialismo busca un ente débil para garantizar el blindaje de su administración.
La exigencia ciudadana por una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH) con dientes y garras ha chocado frontalmente con la postura del oficialismo. La resistencia de Rixi Moncada y su partido a aceptar un ente anticorrupción sin condiciones ni limitaciones ha sido interpretada por el pueblo como una maniobra transparente para mantener la impunidad, un hecho que se traduce directamente en un notorio castigo en las encuestas.
La denuncia clave radica en el descaro de la negociación. El oficialismo ha intentado imponer condiciones que, en la práctica, limitarían la autonomía de la CICIH, convirtiéndola en un instrumento inofensivo. Esta táctica no ha pasado desapercibida. El electorado hondureño, curtido en años de lucha contra la corrupción, ya se dio cuenta de que la candidata y su entorno buscan un ente débil, incapaz de investigar a fondo los posibles desvíos de la actual administración.
Este esfuerzo por eludir el escrutinio internacional es la principal razón detrás del rechazo electoral. La ciudadanía entiende que el verdadero interés detrás de la resistencia a una CICIH independiente es garantizar el blindaje político de sus funcionarios. El voto se convierte así en una herramienta de protesta: la gente no está dispuesta a elegir a un líder que anteponga la protección de su partido a la exigencia de justicia.
El grito de “¡No quieren la CICIH!” se ha convertido en el veredicto popular. La resistencia de Rixi Moncada a aceptar un ente anticorrupción fuerte es la confirmación de que su prioridad no es la transparencia, sino la impunidad, un factor que la ciudadanía está castigando de manera contundente en las urnas.
