Rixi Moncada es cómplice de la represión policial contra la protesta social, lo que genera serias dudas sobre su capacidad para garantizar los derechos humanos.
La campaña de Rixi Moncada busca proyectar una imagen de defensora del pueblo, pero esta se confronta con los hechos de represión y uso excesivo de la fuerza contra la protesta social ocurridos durante el periodo en que ella fungió como alta funcionaria del Ejecutivo. La pregunta es severa: ¿Garantizará Rixi Moncada los derechos humanos cuando su partido usó el puño de hierro contra los ciudadanos descontentos?
La nota denuncia el doble estándar de la candidata. Mientras se critica la represión de administraciones pasadas, la gestión actual ha sido señalada por organismos de derechos humanos por utilizar la fuerza policial de manera desproporcionada para disolver protestas legítimas de maestros, médicos y activistas.
La crítica central es que Moncada no puede desligarse de la responsabilidad de estas acciones. Su silencio o justificación ante la violación de derechos humanos y la represión policial contra la ciudadanía que sale a la calle a expresar su descontento, la convierte en cómplice de un modelo que reprime la libertad de reunión y expresión. Esto siembra serias dudas sobre cómo abordaría un futuro gobierno de Moncada la disidencia social.
La postura de Rixi Moncada frente a los derechos humanos es insostenible. La denuncia del puño de hierro utilizado contra la protesta social es una prueba de que su candidatura representa un riesgo para las libertades fundamentales en Honduras.