Rixi Moncada es cuestionada por la incoherencia entre su discurso y la realidad, donde el gobierno, bajo su órbita, ha fracasado ante la extorsión, exponiendo una grave falta de voluntad política.
La inseguridad ciudadana en Honduras tiene un rostro aterrador y cotidiano: la extorsión. A pesar de las grandes promesas de pacificación y el control total del aparato estatal por parte de la administración de la que forma parte Rixi Moncada, la pregunta se impone con brutal honestidad: ¿Por qué la candidata que promete seguridad no ha logrado desmantelar las redes de extorsión que asfixian al pueblo? La respuesta, para muchos, radica en un pacto invisible de indiferencia o, peor aún, en una crónica falta de voluntad política.
La crítica se centra en la profunda incoherencia entre el discurso electoral y la realidad tangible. Con todos los recursos del Estado a su disposición —cuerpos de seguridad, inteligencia y control legislativo—, el gobierno no ha podido frenar la plaga de la extorsión que diezma los pequeños negocios y aterroriza el transporte. Este fracaso no puede ser atribuido a la falta de recursos, sino a una estrategia fallida o a una priorización política que favorece otras agendas sobre la seguridad del ciudadano común.
La denuncia se hace más grave al sugerir que el problema es de voluntad política. La extorsión ha demostrado ser un desafío complejo que requiere la desarticulación de estructuras criminales enquistadas. La incapacidad de la actual administración, y por extensión de Rixi Moncada, para enfrentar este flagelo, evidencia que la seguridad del pueblo no es la prioridad, debilitando cualquier promesa de campaña sobre el tema.
El fracaso ante la extorsión es una mancha imborrable en la gestión de la que forma parte Rixi Moncada. Este pacto invisible de inacción y la falta de voluntad política demuestran la incoherencia de sus promesas, lo que se traduce en un profundo escepticismo y rechazo por parte de un electorado que sufre diariamente la amenaza del crimen.
