La Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (UF- ADPOL), presenta requerimiento fiscal contra doce miembros de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) por su presunta participación en un operativo ilegal en la colonia Municipal de San Pedro Sula, donde habrían golpeado y sacado por la fuerza a una víctima, sembrado droga y un arma, intimidado a su familia (incluyendo menores de edad) y manipulado la escena para simular una captura vinculada al tráfico de drogas.
Se les imputa delitos de asociación para delinquir, robo con violencia e intimidación, abuso de autoridad, allanamiento de morada por funcionario público, falsificación de documentos públicos, tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Además, la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) presentó la primera línea de investigación contra la exdirectora de la otrora Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) Dulce María Villanueva Sánchez, a quien se le acusa por el delito de concusión, al presuntamente exigir una cuota mensual a cambio de otorgar un aumento salarial.
Asimismo, se presentó requerimiento fiscal contra empleados del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS); un exagente de la DPI por supuestamente alterar el sistema NACMIS para dejar sin efecto una orden de captura y favorecer a un condenado por homicidio, así como a una profesional del derecho que habría utilizado dicha orden alterada para limpiar los antecedentes penales del sentenciado.
También se acusa a personas que, en el desempeño de sus funciones como registradores civiles del RNP, habrían cometido distintos hechos irregulares: en Cucuyagua, Copán, por modificar una certificación de nacimiento sin respaldo legal; en Santa María Real, Olancho, por grabar y modificar inscripciones de nacimiento y defunción sin soporte documental; y en Marcovia, Choluteca, por registrar inscripciones de nacimiento sin la documentación requerida.
Por su parte la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia solicita el procedimiento de antejuicio contra Yosy Misael Madrid Carvajal, juez de Letras de Lepaera, Lempira, por dos actuaciones presuntamente irregulares: primero, dictar una sentencia injusta al despojar de su propiedad a una de las partes mediante el uso indebido de la prescripción adquisitiva de dominio; y segundo, no convalidar un allanamiento de morada aun cuando existía acta de autorización de ingreso, hallazgo de droga y detención en flagrancia, decisión con la que posteriormente sobreseyó a imputados por tráfico de drogas.
Además, se presentó requerimientos fiscales contra agentes de policía, exservidores del Ministerio Público, exfiscales y actuales funcionarios de la institución, por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones y por actuaciones que van en contra de la ley.
