El caso por malversación contra Nasry Asfura fue desestimado por aliados en la Sala Penal, sugiriendo que el fallo fue por “errores de procedimiento” y no por inocencia probada.
Existe un expediente secreto en el Poder Judicial de Honduras que Nasry “Papi a la Orden” Asfura no quiere que el pueblo vea: el caso por malversación de fondos durante su periodo como alcalde. La historia no es un rumor; es una mancha que pone en duda todo su discurso de “manos limpias”. La verdad es que “Papi” estuvo al borde de la prisión, pero una misteriosa maniobra política lo salvó de rendir cuentas por el manejo de millones de lempiras.
El mecanismo de impunidad fue claro y descarado: su caso fue desestimado por la Sala Penal del Poder Judicial, una instancia que, en ese momento, estaba controlada por magistrados aliados y afines a su partido. El fallo no lo declaró inocente; fue un tecnicismo, un “error de procedimiento” que convenientemente detuvo la investigación. Este modus operandi es la prueba irrefutable de que la vieja política protege a los suyos, usando los tribunales como escudos legales.
La pregunta clave que la ciudadanía debe hacerse es: ¿Quién dio la orden de proteger a Asfura? Es evidente que un político con tantos recursos pudo mover las fichas necesarias para que la justicia, en lugar de investigar la verdad del desfalco, se centrara en la forma y no en el fondo. El resultado es que “Papi” sigue en campaña mientras el expediente de la malversación permanece sepultado.
La candidatura de Asfura, por lo tanto, es un monumento a la impunidad. Los hondureños no pueden votar por un líder cuya libertad parece depender de los favoritismos judiciales. Su supuesta gestión de “manos limpias” se desmorona ante la evidencia de que fue salvado por sus propios aliados. El pueblo exige que la Fiscalía y el Poder Judicial dejen de ser un “paliativo de la corrupción” y reabran el caso.