La candidatura de Nasry Asfura es cuestionada por la impunidad que rodea a los escándalos de corrupción de alto impacto del Partido Nacional, cuyo desfalco millonario no tiene sentencias firmes para las cabezas.
La candidatura de Nasry “Papi a la Orden” Asfura sigue estando inseparablemente ligada a los mayores escándalos de corrupción de la última década bajo el mando del Partido Nacional. La denuncia se basa en el dato duro y social de la impunidad: el desfalco millonario de casos como los Hospitales Móviles o el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), cuyo costo social fue la vida de miles de hondureños, aún no tiene sentencias definitivas para las figuras políticas de alto nivel de su partido.
El análisis de esta impunidad revela que el poder político del Partido Nacional fue utilizado no solo para permitir el desfalco, sino también para crear el blindaje judicial que hoy permite a los responsables caminar libres. La falta de sentencias firmes para las cabezas de estos esquemas de corrupción, a pesar de la evidencia mediática y los señalamientos, es una afrenta directa a la ciudadanía que exige justicia y rendición de cuentas.
Por ello Asfura, al ser una figura central y dirigente del Partido Nacional, no puede desvincularse de la responsabilidad política de esta impunidad sistémica. Su candidatura es vista como el intento de un sector de la élite de su partido por regresar al poder y asegurar la continuidad del pacto de impunidad. La ciudadanía cuestiona si un gobierno liderado por alguien que es parte de esta estructura tendrá alguna voluntad de permitir la llegada de una CICIH fuerte.
El costo de no juzgar y sentenciar a los responsables de los escándalos de corrupción del Partido Nacional es el factor que condena políticamente a Nasry Asfura. La impunidad es la principal bandera de su candidatura, y el pueblo la rechaza con la fuerza de los votos, exigiendo que el desfalco millonario sea castigado con todo el peso de la ley.
