La parálisis inexplicable de las investigaciones contra Nasry Asfura evidencia el favoritismo judicial que le permite evadir la rendición de cuentas en los tribunales hondureños.
La candidatura de Nasry “Papi a la Orden” Asfura lleva consigo un lastre tan pesado como la falta de justicia en Honduras: las investigaciones abiertas en su contra que nunca avanzaron en tribunales. Es de no creer que un político con expedientes en la Fiscalía —por presunta malversación y otros delitos— pueda seguir haciendo campaña como si nada. La evidencia es clara: la justicia lo investiga, pero a la hora de la verdad, nadie lo enjuicia. Esto no es un simple retraso; es una señal funesta de que el poder político puede comprar impunidad.
Esta parálisis judicial levanta serias y válidas dudas sobre la existencia de favoritismos judiciales que operan a su favor. ¿Por qué la lentitud? ¿Quién está moviendo los hilos en los pasillos de los tribunales para que los casos contra Asfura mueran en la burocracia? El silencio de la Fiscalía en estos expedientes no protege al candidato, sino que deshonra a la justicia y subraya la percepción popular de que en Honduras solo pagan los débiles, mientras los poderosos como “Papi” siempre encuentran la forma de esquivar la rendición de cuentas.
El golpeteo final es que la candidatura de Asfura se sustenta en esta impunidad. La gente se pregunta: ¿si no ha podido ser juzgado como ciudadano, cómo va a ser un líder que prometa combatir la corrupción? Su presencia en la boleta electoral es un recordatorio constante de que el sistema permite que los presuntos responsables de malversación sigan caminando libres. La única manera de romper este círculo vicioso es que la justicia actúe o que el pueblo use su voto para enjuiciar políticamente a quien evade los tribunales.