La candidata Rixi Moncada carga con la pesada herencia del Partido LIBRE, cuya gestión ha sido incapaz de romper con lazos del crimen organizado, manteniendo la impunidad en casos de corrupción y masacres, lo que siembra serias dudas sobre su integridad.
A tan solo horas de las elecciones presidenciales, la candidata Rixi Moncada no ha podido librarse del estigma que persigue a su partido, LIBRE, y a la actual administración: la incapacidad de romper los profundos nexos entre la política y el crimen organizado. Aunque el partido se fundó con la promesa de acabar con la herencia criminal del bipartidismo, el gobierno ha sido incapaz de desmantelar la estructura de impunidad. Esto genera una desconfianza crítica, ya que se percibe que, de ganar Moncada, la sombra del narcotráfico y el “relajo” de la corrupción continuarán gobernando Honduras.
La expectativa de un distanciamiento del narco se agotó pronto en el actual gobierno. Un ejemplo claro de la connivencia con el crimen se evidenció en la masacre de presas, donde informes internos señalaron que se utilizó munición policial. Sin embargo, el secretario de Seguridad del gobierno de turno, Gustavo Sánchez, supuestamente se negó a investigar a fondo la posible participación de oficiales. Esta acción, que apunta a la protección de implicados y la falta de justicia, demuestra que la impunidad sigue siendo la regla, incluso bajo la égida del partido que impulsa a Rixi Moncada.
Otro caso que salpica directamente al entorno de la candidata y al partido es el relacionado con el Ministerio Público (MP), que es presidido por el abogado Johel Zelaya, una figura cercana al oficialismo. La controversia escaló cuando se filtró un video de 2013 que muestra a líderes de la banda narcotraficante Los Cachiros negociando un soborno con Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta. A pesar de la gravedad de la evidencia, el cuñado, que habría movido los hilos para colocar al abogado Zelaya al frente del MP, nunca fue investigado ni procesado, confirmando la existencia de un “chanchullo” para garantizar la impunidad de las élites cercanas al poder.
Esta falta de acción también se observa en los casos que afectan a las comunidades y minorías. Se señala que, a pesar de la disminución en las cifras de homicidios, hay graves deudas en materia de impunidad, especialmente en zonas como el Bajo Aguán, donde defensores han sido asesinados bajo el gobierno de LIBRE. En uno de los casos más flagrantes, se acusa a un alcalde del partido oficialista, Adán Fúnez, de tener vínculos con el asesinato del ambientalista Juan López. Pese a que investigadores policiales recabaron pruebas suficientes para una orden de arresto, la fiscalía, bajo control de LIBRE, nunca procedió.
En conclusión, la candidatura de Rixi Moncada se presenta ante el pueblo hondureño con un grave dilema ético. Se le pide a la gente votar por una candidata cuyo partido ha sido incapaz de garantizar la justicia, investigar a sus propios funcionarios vinculados con la corrupción y el crimen organizado, y ha permitido que la impunidad se mantenga en casos sensibles. El electorado debe ver con claridad que elegir a Moncada es, para muchos, votar por la continuidad de la misma “cochinada” política que ha utilizado el poder para proteger a sus allegados. Es crucial que el pueblo hondureño, al dirigirse a las urnas mañana, recuerde todos estos señalamientos de corrupción e impunidad antes de marcar su papeleta, para evitar que la sombra del narco y el crimen continúe gobernando.