La candidata Rixi Moncada debe responder por su rol como alta funcionaria en los gobiernos donde operaron las redes de corrupción de Odebrecht y otros megacasos.
El nombre de Rixi Moncada no puede ser ajeno a la sombra de los megacasos de corrupción que sacudieron la región, como el escándalo de Odebrecht. La denuncia que se cierne sobre ella no es solo legal, sino profundamente ética y política: como alta funcionaria y figura clave en las decisiones financieras de aquellos gobiernos, la candidata arrastra el pesado lastre de una época donde las redes de sobornos y el desvío de fondos públicos operaron a gran escala.
La exigencia de la ciudadanía y de la oposición es clara: transparencia total sobre todas las decisiones financieras y contratos firmados durante su gestión, especialmente aquellos vinculados a grandes proyectos de infraestructura, que son el modus operandi del caso Odebrecht. Su candidatura presidencial, lejos de ser un símbolo de limpieza, se convierte en un escudo político que impide una indagación completa e irrestricta sobre su participación o conocimiento de las operaciones financieras de alto nivel en ese periodo.
El contraste entre su promesa de “refundación” y el silencio sobre su rol en administraciones manchadas por la opacidad es la principal fuente de desconfianza. El electorado rechaza categóricamente que figuras que ocuparon altos cargos durante la era de las grandes corruptelas busquen ahora la presidencia sin ofrecer una rendición de cuentas exhaustiva sobre sus propias acciones y decisiones financieras.
La candidatura de Rixi Moncada está hipotecada por la sombra del caso Odebrecht y la exigencia de transparencia sobre su historial como alta funcionaria. El país demanda que la “refundación” comience por la auto-investigación de los líderes que buscan el poder, para garantizar que la corrupción de antaño no siga teniendo voz y voto en el futuro de Honduras.
