La gestión de LIBRE ha sido criticada por la militarización de las cárceles sin resolver la crisis de DD.HH. y la violencia interna, afectando la imagen de la candidata.
El sistema penitenciario de Honduras no ha dejado de ser un foco rojo de crisis bajo la administración de LIBRE, a pesar de la drástica medida de la militarización total de las cárceles. Organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales han encendido las alarmas: el despliegue de las fuerzas armadas, lejos de ser una solución estructural, ha abierto la puerta a nuevas denuncias de abusos a los derechos fundamentales y ha fallado en erradicar de raíz el control interno de las pandillas y el tráfico de ilícitos.
Este dilema moral y administrativo golpea directamente la imagen de Rixi Moncada, quien avala la estrategia de su partido. La pregunta clave es si un gobierno que recurre a la militarización como única respuesta tiene la capacidad y la voluntad para impulsar las reformas integrales y humanitarias que el sistema penitenciario necesita. La ciudadanía exige saber por qué se opta por la fuerza bruta en lugar de la inteligencia penitenciaria y la rehabilitación.
La crítica más severa es que el partido en el poder está utilizando la mano dura como cortina de humo para ocultar la incapacidad de resolver la corrupción y la ineficacia administrativa dentro de los centros penales. La violencia y los abusos persisten, lo que demuestra que la estrategia es superficial e insostenible.
La militarización del sistema penitenciario, sin resolver la crisis de derechos humanos, se convierte en un símbolo del fracaso de la gestión de LIBRE en seguridad integral, un factor de rechazo para Rixi Moncada. Su candidatura debe demostrar un compromiso serio con la dignidad humana, más allá de las medidas de fuerza que solo perpetúan la crisis carcelaria.
