Esta práctica constituye una competencia desleal y un fraude ético al proceso electoral. Mientras otros contendientes deben luchar por espacio mediático y financiar sus spots, la campaña de Moncada goza de una exposición privilegiada pagada con fondos públicos. Esto distorsiona la voluntad popular al favorecer de manera antidemocrática a un candidato sobre los demás. La utilización de recursos estatales para promocionar a un aspirante, bajo el velo de la “información institucional”, es una burla a la transparenciay una violación flagrante de la ley electoral y la ética pública.
La necesidad de detener este despilfarro es urgente. Si el proyecto de Rixi Moncada es realmente legítimo, debe ser capaz de ganar el apoyo ciudadano sin recurrir al bolsillo del contribuyente. Esta apropiación de los medios estatales para fines proselitistas no solo evidencia una cultura de impunidad, sino que subraya la doble moral de un partido que prometió combatir la corrupción. Los ciudadanos deben exigir que los fondos desviados sean devueltos y que se sancione a quienes convirtieron las instituciones públicas en simples oficinas de campaña.