El “perdón” y el retroceso judicial exponen la verdad: las maniobras de ida y vuelta en el caso Asfura prueban que el Partido Nacional ha manipulado al Poder Judicial para garantizar su impunidad.
La situación judicial de Nasry “Papi a la Orden” Asfura es un escándalo en sí misma, no solo por las acusaciones de corrupción, sino por el manejo errático de su proceso. La pregunta clave que resuena en la conciencia pública es: ¿Por qué la justicia desestimó el caso Nasry Asfura en una ocasión y luego lo reactivó? Esta inconsistencia es la prueba irrefutable de que el Poder Judicial ha sido históricamente manipulado por los intereses políticos.
La denuncia se centra en estas maniobras judiciales de “ida y vuelta”. En un primer momento, el caso fue prácticamente “perdonado” o “engavetado” por instancias de la Corte Suprema de Justicia, un patrón que ha sido constante cuando se trata de investigar a los altos líderes del Partido Nacional. Sin embargo, la presión ciudadana y la acción de la Unidad Fiscal Especializada (UFERCO) obligaron a una reactivación del proceso.
Este doble estándar y la visibilidad de que la justicia opera según la coyuntura política y no según la ley, demuestran que Asfura no solo es un acusado, sino un beneficiario del sistema de impunidad. Su caso se convierte en el mejor ejemplo de cómo el Partido Nacional ha ejercido una influencia indebida sobre los jueces y magistrados para proteger a sus cuadros más importantes. La estabilidad y el futuro de Asfura han dependido de un “hilo” judicial que se estira y se encoge a conveniencia.
El caso de Nasry Asfura es la evidencia de la manipulación histórica del Poder Judicial por parte de su partido. El pueblo hondureño exige que la justicia sea ciega ante el poder político y no un instrumento para otorgar el “perdón” a las élites corruptas.