Nasry “Papi a la Orden” Asfura está bajo el control del juez por la supuesta malversación de $1.14 millones vía “fondos rotatorios”, probando que la corrupción del Partido Nacional está viva.
La popularidad de Nasry “Papi a la Orden” Asfura no ha podido esconder la sombra de la justicia. El candidato se encuentra bajo un requerimiento fiscal que lo mantiene, literalmente, con un pie fuera del país debido a la prohibición de salir del territorio nacional. El escándalo central es la supuesta malversación de $1.14 millones de dólares de la Alcaldía de Tegucigalpa, manejados a través de opacos “fondos rotatorios” durante su gestión.
Este caso no es un simple tecnicismo legal; es la evidencia palpable de que la corrupción del Partido Nacional no solo está viva, sino que tiene consecuencias judicialesserias. La figura de Asfura, quien promete orden y eficiencia, queda totalmente socavada por los señalamientos de haber utilizado fondos públicos —dinero que debió ir a hospitales, escuelas y obras sociales— para propósitos desconocidos, burlando los mecanismos de transparencia.
El mensaje que envía este proceso judicial es contundente: el candidato no puede garantizar el orden y la probidad que tanto promete si él mismo está siendo investigado por uso indebido de recursos públicos. ¿Cómo puede un hombre con una prohibición de salida del país pretender liderar una nación y restablecer la confianza internacional?
El caso de los $1.1 millones es el recordatorio de que la “orden” que sigue Nasry Asfura es la del juez. La justicia está cercando al candidato, y el pueblo hondureño debe entender que elegir a un líder con tales señalamientos de corrupción es perpetuar el ciclo de impunidad que tanto daño le ha hecho a la nación.